El Consejo Profesional de Química cuestiona el esquema impositivo sobre las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles
El fundamento del impuesto al carbono responde al principio de «quien contamina paga». Pero desde el CPQ sostienen que ese principio pierde legitimidad cuando no distingue entre tecnologías con impactos ambientales muy diferentes. Para la entidad, el sistema vigente no premia la incorporación de tecnologías más eficientes ni genera un verdadero incentivo para reducir las emisiones.
Foto Prensa CPQ
El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ PBA) expresó su preocupación por el actual esquema de aplicación del impuesto al dióxido de carbono (CO₂), incorporado al régimen de impuestos sobre los combustibles por la Ley N.º 23.966, al considerar que carece de criterios técnicos que reflejen las diferencias reales en las emisiones de los distintos vehículos y que, en la práctica, termina evidenciando un marcado sesgo recaudatorio por sobre los objetivos ambientales que dice perseguir.
El denominado impuesto al carbono es una herramienta utilizada en numerosos países para asignar un costo económico a las emisiones de gases de efecto invernadero y desalentar el consumo de combustibles fósiles. Su fundamento responde al principio de «quien contamina paga». Sin embargo, desde el Consejo sostienen que ese principio pierde legitimidad cuando no distingue entre tecnologías con impactos ambientales muy diferentes.
Actualmente, el gravamen alcanza por igual a un automóvil moderno equipado con convertidores catalíticos de última generación, a un vehículo híbrido de bajo consumo o a un camión de gran porte, pese a que sus emisiones de dióxido de carbono son significativamente distintas.
Para la entidad, el sistema vigente no premia la incorporación de tecnologías más eficientes ni genera un verdadero incentivo para reducir las emisiones, informó Prensa del CPQ PBA.
Desde el punto de vista químico, el dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se genera principalmente durante la combustión de combustibles fósiles como la nafta, el gasoil, el carbón y el gas natural. Si bien no es tóxico en las concentraciones habituales presentes en la atmósfera, constituye uno de los principales gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global.
Por ese motivo, el Consejo considera que cualquier política destinada a reducir sus emisiones debe basarse en criterios científicos y en resultados ambientales verificables.
Sin una política ambiental integral, el impuesto pierde credibilidad
Las observaciones del Consejo no se limitan al diseño técnico del tributo. La entidad también advirtió una contradicción entre la existencia de un impuesto que busca desalentar las emisiones y la falta de una política ambiental integral que garantice controles efectivos sobre otras fuentes mucho más significativas de contaminación.
En ese sentido, recordó que en reiteradas oportunidades ha denunciado públicamente las deficiencias en la fiscalización ambiental, el relajamiento de los controles sobre actividades industriales potencialmente riesgosas, las falencias en la gestión de residuos peligrosos y la reiteración de incidentes químicos que evidencian una preocupante falta de prevención.
«No cuestionamos el principio de que quien contamina debe asumir los costos ambientales de su actividad. Lo que cuestionamos es un esquema que cobra prácticamente lo mismo sin distinguir quién emite más y quién emite menos. Un sistema técnicamente serio debe reconocer esas diferencias, incentivar la innovación y premiar las menores emisiones», afirmó el presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Colángelo.
El titular de la entidad agregó que «también resulta difícil sostener el argumento ambiental cuando siguen existiendo importantes deficiencias en el control de la contaminación industrial y de los residuos peligrosos. Si verdaderamente se pretende proteger el ambiente, el impuesto debe integrarse a una política pública basada en la prevención, la fiscalización, la evidencia científica y el fortalecimiento de los organismos de control; de lo contrario, la sociedad termina percibiéndolo simplemente como un mecanismo de recaudación».
Finalmente, desde el Consejo reiteraron que un verdadero impuesto ambiental debe incentivar la reducción efectiva de emisiones, promover tecnologías más limpias y complementarse con una estrategia integral de gestión ambiental que fortalezca los controles sobre las actividades potencialmente contaminantes y cuente con la participación de profesionales especializados en ciencias químicas y ambientales. (VW)
