Docentes universitarios anuncian paro por tiempo indeterminado por la ley de Financiamiento Universitario
La media de fuerza impulsada por los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzará el 16 de marzo.
Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), anunciaron un paro docente por tiempo indeterminado, que comenzará el próximo 16 de marzo.
La medida fue resuelta en una asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), desde donde reclamaron un aumento salarial del 51% y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Tras el encuentro, el gremio informó la decisión a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”. Según explicaron, el paro se mantendrá hasta que haya respuestas concretas del Gobierno nacional a los reclamos del sector.
La medida de fuerza estará acompañada por un plan de lucha que incluirá movilizaciones, cortes, permanencias en facultades y acciones en colegios y universidades de todo el país.
“Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública”, señalaron desde la organización gremial.
Además, los docentes exigieron la convocatoria urgente a paritarias y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025. Tras la aprobación de la Ley 27.795, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 795/2025 al sostener que la norma no establecía de manera expresa el financiamiento necesario.
Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició en octubre de 2025 una acción judicial colectiva para declarar la inconstitucionalidad del decreto y exigir el cumplimiento de la ley. La normativa establece, entre otros puntos, la actualización salarial de docentes universitarios y de becas estudiantiles según el índice inflacionario.
En ese contexto, el Consejo Superior de la UBA también analizó medidas institucionales para garantizar la vigencia de la ley y defender la educación pública, al considerar que el financiamiento universitario resulta clave para el funcionamiento del sistema y la protección de los derechos constitucionales vinculados a la educación.(VW)
