Más renuncias: la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones
Luego de las denuncias cruzadas descabezan a la cúpula de las empresas ferroviarias. Fernando Herrmann ahora es el titular de la Secretaría de Transporte, luego de la renuncia de Luis Pierrini. Acto seguido, se fueron los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura.
La salida de dos principales directivos de las empresas ferroviarias se conoció pocas horas después de la renuncia a Pierrini, el anterior secretario de Transporte, reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann.
Luego, dimitieron los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones, Gerardo Boschin; y de Trenes Argentinos Infraestructura, Leonardo Comperatore.
Según un comunicado oficial, Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Por su parte, Fabián González será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, empresa encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. “Los presidentes salientes, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, presentaron su renuncia a dichas empresas”.
Las denuncias en transporte
La disputa en Transporte, que terminó con la eyección de Pierrini, se produjo entre las empresas Metropol y Dota.
El caso apunta a una supuesta manipulación de los registros de viajes del sistema SUBE que habría generado un perjuicio multimillonario para el Estado.
La acusación fue impulsada por las principales cámaras empresarias del sector, que señalaron a la empresa La Nueva Metropol como beneficiaria de una maniobra destinada a incrementar de forma artificial las compensaciones tarifarias.
El eje de la controversia se vincula con la Resolución 45/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada en noviembre pasado, que modificó el criterio para calcular las compensaciones tarifarias. Hasta entonces, el esquema se apoyaba principalmente en variables de oferta, como kilómetros recorridos o consumo de combustible.
Con la nueva normativa, el foco pasó a estar en la demanda real del servicio: la cantidad de pasajeros transportados, medida a partir de los datos del sistema SUBE y del índice de pasajeros por kilómetro (IPK). El objetivo declarado fue ajustar los subsidios al uso efectivo del transporte y desalentar distorsiones históricas en el sistema.
Según las cámaras empresarias, el grupo La Nueva Metropol habría aprovechado este cambio normativo para implementar una práctica irregular: registrar viajes cortos como si fueran tramos intermedios o largos, entregando boletos de mayor valor tarifario sin que existiera un aumento real en la distancia recorrida ni en la cantidad de pasajeros.
Este mecanismo tiene un impacto directo en la liquidación de las compensaciones. Mientras que en un viaje corto el Estado cubre una porción limitada del costo del boleto, en los tramos más largos la participación del subsidio es sensiblemente mayor. De este modo, la alteración de la sección tarifaria registrada implicaría un incremento automático de los fondos públicos percibidos por la empresa.
De acuerdo con la presentación, esta migración artificial de secciones tarifarias habría generado un perjuicio estimado en alrededor de $1.000 millones mensuales, con un desvío total que podría ubicarse entre los $2.000 y $3.000 millones por mes, en detrimento del resto de los operadores del sistema y de las arcas públicas.
Las entidades advirtieron que los fondos involucrados provienen de la misma bolsa de compensaciones que se distribuye entre todas las empresas del sector, por lo que cualquier alteración impacta directamente en el equilibrio general del sistema de transporte financiado por el Estado.
La defensa de La Nueva Metropol
Desde La Nueva Metropol desmintieron la existencia de una maniobra deliberada y atribuyeron las denuncias a una interna empresarial impulsada por el Grupo DOTA, que controla cerca del 50% del parque de colectivos del AMBA. Aseguran que los cambios en los registros responden a la corrección de la llamada “evasión gris”, una práctica por la cual los pasajeros pagan tramos cortos aunque realicen recorridos más largos.
En paralelo, la Asociación Arco Social presentó una denuncia penal contra Caputo y el ex secretario de Transporte por presuntas irregularidades en el sistema de subsidios. Desde la organización señalaron que existieron advertencias técnicas formales realizadas en diciembre de 2025 por cámaras empresarias, sin que se adoptaran medidas correctivas ni auditorías. (VW)
