El Gobierno desregula el pago de las cuotas para los colegios privados
Con la publicación de esta nueva norma, los colegios no tendrán la obligación de informar al estado los aumentos de cuotas y podrán acordar los salarios de los docentes y auxiliares en negociaciones privadas.
Con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 787(2025, el Gobierno derogó la norma que regía el pago de los aranceles de los colegios de gestión privada y no tendrán que informar los valores de las cuotas y la matrícula con anticipación ni contar con el aval del Estado.
Este régimen que tenía vigencia desde hace tres décadas, regía por la vigencia del Decreto 2417/1993 que obligaba a las instituciones educativas privadas a notificar a las familias el importe de la matrícula y las cuotas junto a la forma, el plazo de pago y los recargos ante el atraso en el cumplimiento.
Además, el decreto derogado establecía que las instituciones educativas tenían que conseguir el acuerdo de los padres o tutores respecto a los nuevos valores de los aranceles y en caso de no llegar a un entendimiento, se mantenían los vigentes.
De todos modos, esto no es una realidad ya que las instituciones anuncian un aumento y, en algunos casos, pide que los padres firmen una notificación de acuerdo, pero no hay poder de decisión de ese lado.
El escenario descripto, planteó que “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.
Justificación
En esa línea, aseguró que “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.
Asimismo, advirtió que “los institutos suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
En consecuencia, expuso que “este mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”.
Con respecto a la fijación de los salarios, el Decreto remarcó que “al ser entidades privadas, deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”.
“El principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones” sujeto a la demanda del mercado, dice la norma.(VW)
