Discapacidad: Desde CAIDIS aseguran que el aumento ofrecido por el Gobierno es insuficiente
Según el organismo, el Gobierno intenta presentar el aumento como un gesto de previsibilidad y acompañamiento al sector.
El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) advirtió que el anuncio del incremento del 29% y 35% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad dispuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), es insuficiente.
El ajuste tiene vigente entre octubre y diciembre de 2025 es insuficiente para compensar el atraso acumulado del 70% registrado hasta agosto de este año y que, además, no respeta los parámetros establecidos por la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793).
“El anuncio que hace el Gobierno de aumento a instituciones de discapacidad es absolutamente insuficiente. No respeta la ley de emergencia en discapacidad y no cubre ni el 50% del atraso arancelario. Llega tarde y mal, con instituciones que se endeudan para afrontar sus gastos de funcionamiento, sueldos, honorarios, aguinaldos, vacaciones y cargas sociales”, aseveró Alex Goldman, representante de CAIDIS. Y señaló que “el 20% de las instituciones de la provincia de Buenos Aires tuvieron que cerrar por el colapso del sistema” por lo que “no se puede sostener un funcionamiento ni una atención digna con las personas con discapacidad”.
Según el organismo, el Gobierno intenta presentar el aumento como un gesto de previsibilidad y acompañamiento al sector, cuando en realidad no existen garantías para la continuidad de las prestaciones. Los prestadores no solo trabajan con aranceles desactualizados, sino que además cobran con demoras de 60 a 90 días, en un contexto de inflación y endeudamiento creciente.
Frente al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno, CAIDIS adhirió junto a otras organizaciones del sector al amparo colectivo que tramita en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. La medida judicial solicita la inmediata restitución plena de los derechos vulnerados y la aplicación efectiva de los aranceles establecidos por ley.
“Nos encontramos en estado de alerta. Si no se aplica la Ley de Emergencia en Discapacidad en lo inmediato, miles de instituciones de todo el país continuarán cerrando, perdiéndose empleos y afectando directamente a personas con discapacidad y sus familias”, señala Goldman.
La destrucción progresiva del sistema prestacional afecta a más de 300.000 personas con discapacidad en todo el país, cuyo acceso a educación, salud, transporte y apoyos depende de prestadores que hoy no logran sostener su funcionamiento mínimo.
Los fundamentos
- El incremento recién se cobrará, con suerte, entre marzo y abril de 2026, debido al esquema de facturación a mes vencido y los plazos de pago habituales.
- Representa solo la mitad del atraso acumulado y se aplica en tramos, sin contemplar la totalidad de las prestaciones ni los costos reales.
- No cubre salarios, cargas sociales, mantenimiento, ni deudas generadas por dos años de congelamiento o incrementos por debajo de la inflación.
- No se ha pagado la compensación prevista por la misma ley, deuda que el Estado mantiene con el sistema.(VW)
