El Gobierno nacional eliminó 71 regulaciones al comercio
Incluye “Precios Justos” y la “Ley de Góndolas”. La Secretaría de Industria y Comercio explicó que se trata de normativas que regulaban programas ya desarticulados. Son 71 regulaciones relacionadas al consumo de bienes esenciales.
El Gobierno nacional de Javier Milei promulgó este miércoles una resolución que deroga 71 normas vigentes vinculadas al comercio, con el objetivo de “simplificar las relaciones de consumo” a través de la eliminación de “controles redundantes”, exigencias informativas “sin utilidad práctica” y regulaciones ligadas a programas ya disueltos.
Con esta medida, que se respalda en la Ley Bases aprobada el pasado 28 de junio, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, busca recortar las trabas burocráticas que, de acuerdo al diagnóstico inicial de la administración libertaria, dificultan el funcionamiento del mercado interno de la Argentina y no permiten a los comercios mantener una relación más fluida con sus compradores.
La Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial incluye regulaciones asociadas a programas ya desarticulados como Precios Justos y la Ley de Góndolas, además de disposiciones complementarias de la ya derogada Ley de Abastecimiento y del disuelto Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).
En esa línea, la Secretaría de Industria y Comercio, que depende de la cartera económica, explicó que muchas de las normas eliminadas habilitaban controles de precios abusivos, imponían obligaciones de información que no tenían destino concreto o regulaban programas ya dados de baja, entre ellos Precios Justos, Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. En su visión, estas normas desfasadas generaban “costos administrativos innecesarios”.
De las 71 derogaciones, el Gobierno identificó 27 normas vinculadas a la Ley de Abastecimiento, que ya había sido eliminada en los primeros meses de la gestión, 24 normas conectadas al ya extinguido Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), y 20 vinculadas a programas que dejaron de funcionar, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio o estímulos a pequeños productores de granos.
Es preciso mencionar que, la Ley de Abastecimiento sancionada en 1974 en Argentina, y tenía como principal objetivo garantizar el normal abastecimiento y distribución de bienes y servicios esenciales a precios razonables, al tiempo que otorgaba amplias facultades al Estado, en particular a la Secretaría de Comercio, para intervenir en el mercado mediante la fijación de precios máximos, mínimos y de referencia, además de aplicar sanciones ante casos de desabastecimiento o aumentos injustificados y realizar controles de fiscalización para asegurar su cumplimiento.
Cabe recordar, que el COPREC era un mecanismo obligatorio y gratuito que resolvía disputas entre consumidores y proveedores antes de iniciar un juicio, mediante un sistema de audiencias con un conciliador que buscaba un acuerdo homologado por la autoridad. Su finalidad era garantizar el acceso a la justicia, ofrecer una instancia extrajudicial ágil y evitar procesos judiciales prolongados, aunque según datos oficiales solo resolvía el 28% de los reclamos presentados.
Sin embargo, este año el COPREC fue disuelto por el Gobierno nacional a través de un decreto que argumentó la duplicación de funciones con otros organismos, la baja eficiencia del sistema y la necesidad de unificar procedimientos en instancias ya existentes, trasladando a los consumidores a organismos provinciales, locales o a la mediación previa obligatoria establecida por ley.
Según el comunicado oficial publicado esta mañana por el Gobierno nacional, algunas de las normas relacionadas con el comercio que fueron eliminadas este mismo miércoles fijaban controles de precio, regulaban la distribución del gasoil, exigían declaraciones de composición de productos o mantenían precios máximos en el contexto de la pandemia, y continuaban vigentes aún sin justificar su utilidad actual.
En ese sentido, el Secretario de Comercio, Esteban Marzorati, señaló que esta resolución se suma a las más de 170 derogaciones previas ya ejecutadas durante la gestión en su cartera, con el fin de promover la libre competencia, reducir trabas y recortar costos de transacción para comerciantes y consumidores. En su análisis, el proceso de desregulación es parte esencial de su plan de reordenamiento jurídico.
Los defensores de la decisión argumentan que estas derogaciones “despejan las superposiciones regulatorias, aclaran las reglas del juego y evitan que el Estado mantenga normativas obsoletas que encarecen la actividad comercial sin aportar valor”, ya que para el Gobierno, la claridad normativa será un estímulo al comercio formal y una vía para que los precios sean más competitivos.
Sin embargo, la eliminación masiva de regulaciones en cualquier área regulada por el Estado puede acarrear riesgos si no se reemplazan con marcos mínimos de supervisión efectiva. Es decir, la ausencia de controles puede abrir un nuevo camino de abusos, falta de calidad o desigualdad entre empresas con diferente capacidad para responder a esas liberalizaciones.
Con esta nueva tanda, la Secretaría de Industria y Comercio suma más de 240 normas derogadas desde el inicio de la gestión. Previamente se habían eliminado requisitos de comercio exterior, como las licencias automáticas y no automáticas, el SIRA y el DJCP, que generaban costos por unos USD 5 millones y más de un millón de declaraciones juradas anuales. También se había dado de baja el programa Precios Cuidados y el régimen informativo Sipre, que obligaba a empresas a reportar precios y cantidades. (VW)
