Coparticipación: Institucionalidad y federalismo, las organizaciones empresarios repudiaron la decisión oficial

Duras críticas a la negativa presidencial de restituir los fondos coparticipables en los porcentajes que corresponden a la Ciudad. Este lunes el gobierno revió su decisión y hará las transferencia (ver a parte)

    Luego de conocerse la decisión presidencial de no transferir a la Ciudad los porcentajes que corresponden a la Coparticipación Federal, el jueves pasado, las principales cámaras empresarias nacionales, salieron a cuestionar la decisión oficial de no acatar la resolución de la Justicia Federal.

En ese sentido la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, expresó su preocupación por la situación que las implicancias del fallo generaron, dijo en un documento publicado este sábado.

La Coparticipación Federal, como sistema de rango constitucional, coordina la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al respecto la Entidad advirtió que se deben respetar las instituciones republicanas y la Constitución Nacional, y abogó por «un entendimiento entre las partes que permita solucionar las diferencias. Teniendo en consideración el respeto a las decisiones judiciales, así como de la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación».

Además, la organización empresaria  como institución gremial empresaria federal, hizo un llamado a la responsabilidad de la dirigencia política para encontrar una solución del conflicto cuyas derivaciones, más allá de cuestiones políticas, repercutirá directamente sobre la población argentina.

Desde la CAC

En términos similares se pronunció la Cámara Argentina de Comercio y Servicio (CAC), que también salió a cuestionar la decisión oficial, a través de un documento publicado el sábado último.

Al respecto, la Entidas  manifestó su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de no acatar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado al diferendo existente entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de recursos coparticipables.
Sin entrar en la cuestión de fondo respecto al recorte, la CAC consideró que el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional.
La Entidad, reiteradas ocasiones abogó por el diálogo como método para la solución de controversias, en el convencimiento de que es el mejor camino para su superación. Cuando esa posibilidad se agota, y si fracasan también los intentos de mediación, no queda más alternativa que recurrir a la Justicia y someterse a lo que ella determine. Eso es lo que manda nuestra Constitución y ese es el modo en el que funciona cualquier república que se precie de tal.
«El flagrante desconocimiento del fallo dañaría severamente a nuestra República, lesionando la confianza de los inversores locales y del exterior y, fundamentalmente, dejaría a todos los ciudadanos más desamparados ante el poder de turno.
Desde el Gobierno, se dijo desde un comunicado de prensa emitido el jueves pasado por Presidencia de la Nación, que la Resolución de la CSJ, se aseguró que era d»e imposible cumplimiento”.
La CAC es una entidad gremial empresaria de cúpula y, como tal, su ámbito de natural incumbencia son cuestiones como los impuestos que gravan a la actividad económica, la legislación laboral, las negociaciones salariales, la normativa de comercio exterior, entre otras cuestiones que afectan directamente al sector representado.
Sin embargo, ante circunstancias excepcionales, considera necesario hacer oír su voz, aunque la cuestión exceda su materia de habitual competencia. La situación recién aquí descripta es una de ellas.

Por todo lo anterior, la CAC hace un firme llamado en pos del pleno respeto de la Constitución Nacional y de las instituciones de la República, en el convencimiento de que solo bajo su imperio podremos ser esa Nación con desarrollo económico y social a la que los argentinos aspiramos y en la que los derechos de todos los ciudadanos estén garantizados.

Desde la UIA 

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, apuntó este sábado contra al decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema para que le devuelva a la Ciudad de Buenos Aires una mayor participación dentro de los fondos coparticipables. «A uno le podrán gustar las sentencias o no pero tiene que respetarlas», apuntó el dirigente empresario.

«Acá hay dos cuestiones: esto es una cuestión jurídica que pueden resolverse en distintos ámbitos y con distintos grados de resolución. Pero lo más serio es el tema del respeto a la institucionalidad y a la división de los poderes. Cuando uno dice que hay que generar credibilidad, confianza, concertaciones, en el marco de un respeto a la ley, al Estado de Derecho y a la división de los poderes», señaló Funes de Rioja en declaraciones a CNN Radio.

«¿Cómo uno puede aspirar a que haya la seguridad jurídica necesaria para que haya inversión y desarrollo en la Argentina? El tema del respeto a la Constitución y que cada poder tiene sus atributos y que a uno le podrán gustar las sentencias o no pero tiene que respetarlas. Para mí este es el eje de las preocupaciones que tenemos», agregó el dirigente empresario.

«Lo que estamos discutiendo es si verdaderamente estamos respetando a la Constitución y la división de poderes», destacó sobre la controversia.

«Muchas veces pueden no gustarnos las decisiones pero tenemos que acatarlas porque hay que respetar la ley. Más importante que el pago o no pago, el punto es acato o no acato las decisiones de la Justicia. Las otras cuestiones se pueden debatir. Lo que no puede debatirse es si cumplo o no cumplo las decisiones judiciales»(VW).

 

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