Diputados: La defensora de niños y adolescentes brindó el informe anual de gestión
La defensora expuso en la comisión de familias, niñez y juventudes. Instó a que haya defensoras y defensores en las provincias, en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, expuso el pasado miércoles en la comisión de familias, niñez y juventudes de la Cámara de Diputados, y brindó el informe anual de gestión que preside la diputada Roxana Reyes (UCR).
Al inicio de su exposición, Graham afirmó que “nuestro propósito es trabajar mucho para que haya defensoras y defensores en las provincias, que sean pares nuestros y que se incorporen a una red horizontal y federal de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
En tanto, aclaró que la Defensoría “es un organismo de derechos humanos de un tercio de la población, que son las personas de hasta 17 años. Es autónoma e independiente, que recibe denuncias de los niños, adultos y organizaciones, entre otros”.
Al respecto, Graham ratificó que los niños de los pueblos originarios son “los más vulnerables y vulnerados en Argentina, sobre todo aquellos que están en peores condiciones”.
Luego, realizó un pormenorizado detalle de todas las áreas que conforman la Defensoría, y explicó las diversas herramientas de su gestión para la supervisión, asesoramiento, sensibilización y exigibilidad.
En otro orden, propuso reformular la ley de discapacidad, que aún sigue vigente desde la dictadura, hace más de 40 años: “Es retrógrada”, dijo.
También se refirió a la ley penal juvenil y la de salud mental: “Sólo hay un artículo que dedica un párrafo a niñas, niños y adolescentes, como si ellos no tuvieran padecimientos subjetivos, que merecen tener leyes apropiadas”, subrayó.
En la continuidad, Facundo Hernández, defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, explicó el procedimiento de la admisión de los casos que busca fortalecer y re jerarquizar el sistema de protección de derechos en nuestro país.
«Desde su creación, la Defensoría lleva tramitados 756 expedientes hasta el 28 de febrero de 2022 y del 1ero. de marzo hasta el 31 de julio ingresaron 112 casos nuevos, donde el grueso de los mismos es por cuestiones de familia”, especificó Hernández.
En referencia a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el funcionario sentenció que: “Es abrumadora la evidencia de que no corresponde bajar la edad de imputabilidad”. En esa línea, recomendó los estándares que debería tener una nueva ley.
Asimismo, instó a que se debata la Ley Nacional de Reparación Histórica de las Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas, por considerar que “falta diagnóstico, planificación, coordinación y evaluación de políticas nacionales y provinciales que garanticen el acceso al agua, condiciones básicas de infraestructura, de vivienda y nutricionales de los niños, niñas y adolescentes”, expresó.
Por último, contó que “trabajamos un Sistema Federal de Monitoreo, para garantizar un piso mínimo en las condiciones de alojamiento de los niños”. (VW)
