Se inicia el debate en el Senado bonaerense por la ley de Kicillof para regular apps de delivery y transporte
La comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense inició este jueves el tratamiento de la ley de Kicillof sobre apps de delivery y transporte. El texto de la ley, que busca alcanzar a todos los operarios empleados o contratados bajo cualquier forma jurídica en suelo bonaerense, contempla seguros para los trabajadores, sistemas de geolocalización y una unidad policial de respuesta inmediata.
A cuatro meses de su ingreso formal en la Legislatura, el proyecto de ley enviado por el gobernador Axel Kicillof destinado a regular las apps de delivery y de transporte inició su tratamiento en el Senado bonaerense.
´Se trata de la ley que crea el “Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales”, que apunta a ordenar el trabajo de aplicaciones como Rappi, Uber, Didi, Cabify y PedidosYa.
La llamada “ley de repartidores” fue uno de los tres proyectos que el gobernador Kicillof prometió enviar, durante la apertura de la Asamblea Legislativa, junto con las dos iniciativas de salud para crear una empresa de medicamentos y para unificar el sistema sanitario. Ese dueto de propuestas ya está en condiciones de ser debatido en el recinto dado que ya transitó su ruta de cuerpos parlamentarios.
Además, la comisión de Trabajo y Legislación Social debatió la propuesta del senador de Patria Grande, Federico Fagioli, para establecer un régimen de protección integral para repartidores y choferes de plataformas digitales. El proyecto, que contempla seguros para los trabajadores, sistemas de geolocalización y una unidad policial de respuesta inmediata, será unificado junto con el articulado de Kicillof, con el que comparten la misma naturaleza.
De qué trata la ley de repartidores de apps enviado por Kicillof
El proyecto crea el “Plan integral para el Trabajo mediante plataformas digitales”, con el objetivo de generar acciones que brinden acceso a servicios, información y beneficios para las personas que desarrollan tareas organizadas o mediadas por aplicaciones. El texto evita encasillar de manera cerrada la relación contractual y alcanza a todos los trabajadores empleados o contratados bajo cualquier forma jurídica, siempre que cumplan tareas dentro del territorio bonaerense.
El nuevo texto del Ejecutivo presenta la regulación como un esquema de protección, asistencia, información y fiscalización y define como “plataforma de trabajo” a cualquier forma organizativa que, mediante sistemas automatizados o digitales, “promueve, facilita o dirige la realización de una tarea humana para la prestación de un servicio”.
Por caso, uno de los ejes centrales de la propuesta apunta a la creación del Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense que conduce Walter Correa. A diferencia de la propuesta de Plaini, el impulso del Gobierno provincial establece que la inscripción será obligatoria para las empresas, mientras que los trabajadores podrán incorporarse mediante una nueva aplicación móvil, cuyo diseño e implementación quedarán a cargo del Ejecutivo.
El articulado encomienda al Estado el desarrollo de esta herramienta digital para facilitar el acceso de los usuarios a servicios de seguridad, emergencias y otros beneficios vinculados con la actividad. En ese aspecto, la cartera de Trabajo bonaerense justificó la implementación de la app como una respuesta ante los accidentes viales, los hechos de inseguridad y las situaciones de riesgo que atraviesan repartidores y choferes durante la jornada.
Otro capítulo fuerte de la ley apunta a los deberes de información que deberán cumplir las empresas. Las plataformas tendrán que poner a disposición de las autoridades competentes y de los representantes de los trabajadores, datos sobre cantidad de personas activas, situación contractual de cada operario, condiciones generales del vínculo, duración media de la prestación, promedio de horas semanales e ingresos medios.
Por otro lado, la contratación de seguros constituye otro de los pilares del expediente oficial. Las empresas que organicen o intermedien tareas de reparto, retiro, traslado, entrega de bienes o transporte de personas en la vía pública deberán contratar, a su exclusivo cargo y costo, un seguro de accidentes personales con cobertura integral frente a los riesgos derivados de la actividad.
La póliza deberá cubrir, como mínimo, muerte accidental, invalidez total o parcial permanente por accidente, además de la asistencia médica y farmacéutica de emergencia. El proyecto establece que la cobertura regirá desde el momento de conexión a la plataforma hasta la desconexión, pero también incluirá los trayectos hacia centros de operación, depósitos, locales o paradores habilitados.
Además, el texto incorpora el recorrido in itinere entre el domicilio particular de la persona trabajadora y el lugar de inicio de la prestación de servicios, así como el trayecto entre dos trabajos para distintas empresas de plataformas en caso de simultaneidad.
El apartado sobre las llamadas “tiendas invisibles” introduce otro elemento de control estatal sobre el ecosistema de las aplicaciones. La presentación oficialista define a estos espacios como “establecimientos que, a puertas cerradas, realizan venta, almacenamiento, empaque o entrega de mercaderías” cuyos pedidos llegan a través de plataformas digitales y desde los cuales los repartidores retiran los productos. Los conocidos popularmente como “PedidosYa Market”.
El ítem mencionado apunta de lleno a los centros de operación que funcionan sin atención al público tradicional y que concentran buena parte de la logística de las apps de delivery. De acuerdo con el escrito, el Ministerio de Trabajo también quedará a cargo de relevar estos locales, con el objetivo de detectar desde dónde parten los trabajadores y qué condiciones ofrece el entorno en materia de seguridad e seguridad.
Finalmente, el proyecto también establece la instalación de paradores públicos, destinados a garantizar el aseo y el descanso de los trabajadores durante la jornada laboral, a partir de una coordinación entre la Provincia, los municipios y las empresas de plataformas.
El artículo en cuestión también abre la puerta a una implementación territorial que dependerá, en buena medida, de la adhesión de los 135 distritos bonaerenses y de la capacidad de cada comuna para ordenar espacios de descanso y estacionamiento, especialmente en zonas de alta demanda.
Según reza el documento parlamentario, el incumplimiento de alguna de estas obligaciones será considerado una infracción a la normativa laboral y podrá escalar a la categoría más severa si existe un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. En ese sentido, la fiscalización quedará en manos del organismo que conduce Correa, bajo el marco sancionatorio previsto por la legislación provincial vigente. (VW)
