Denuncian “violencia ilegítima” del Estado contra la protesta en la marcha en defensa de la Universidad
Se trata de la Comisión Provincial por la Memoria, que pidió que se investigue a los responsables de la represión por los delitos de abuso de autoridad, estrago, detención ilegal, torturas o malos tratos.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia ante la Justicia y pidió que se investigue a los “responsables políticos” de la represión y a quienes la ejecutaron por los delitos de abuso de autoridad, estrago, detención ilegal, torturas o malos tratos.
Alertó que “por primera vez en una marcha convocada en defensa de la Universidad pública, las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) junto a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desplegarReon, de manera planificada, ilegítima e indiscriminada, un brutal operativo represivo en la zona del Congreso de la Nación”.
“La represión se extendió durante más de 3 horas y dejó al menos a 550 personas heridas y afectadas por el uso de más de 120 granadas de gases lacrimógenos, químicos, disparos con postas de goma y agua a presión lanzada por los camiones hidrantes”, según detalló el comunicado.
Asimismo, señaló que “una vez más, se registró el ataque dirigido contra trabajadores/as de prensa, equipos sanitarios que atendían a las víctimas y organismos de derechos humanos que monitoreaban el despliegue de las fuerzas de seguridad, entre ellos, integrantes la Comisión Provincial por la Memoria”. Al menos seis personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas dos adolescentes, indicó InfoRegión.
Los argumentos
En ese sentido, el organismo de derechos humanos, en su calidad de Mecanismo Local de Presión de la Tortura, pidió que se investigue a los responsables políticos y quienes ejecutaron la represión por los delitos de abuso de autoridad, estrago, detención ilegal, torturas o malos tratos, entre otros.
Como ya denunció el organismo ante otros hechos represivos, “el despliegue ilegitimo de la violencia, los movimientos coordinados de las fuerzas y la reiteración de las acciones, evidencian que la represión fue planificada y programada por los máximos funcionarios responsables de las fuerzas de seguridad y del Ministerio de Seguridad de Nación”.
Además, la denuncia señala que el operativo represivo no sólo ocasionó lesiones y daños a quienes participaban de la movilización, sino que generó un peligro para el resto de las personas que, en horario y día hábil, transitaban por la vía pública.
“Durante más de dos horas, las fuerzas de seguridad federales -Policía Federal, Gendarmería y Prefectura- apostadas detrás del vallado atacaron a las y los manifestantes de manera incesante y desproporcionada; se estima que se dispararon más de 120 granadas de gas lacrimógeno, cientos de disparos con postas de goma y postas con gas químico de Byrna y agua a presión arrojada por los camiones hidrantes que recargaron, al menos, tres tanques”, detalló la CPM.
La CPM también observó en la denuncia penal presentada que, por las condiciones climáticas -lluvia, por momentos, y baja presión atmosférica-, los gases químicos arrojados de manera generalizada contra la movilización permanecían más tiempo en la superficie y, por lo tanto, se extendía su alcance nocivo para la integridad de las personas que estaban sobre la plaza. (VW)
