PAMI: menos cobertura de medicamentos, recortes en la atención
Se suman también los reclamos salariales. Se suman las dificultades para acceder a tratamientos y turnos médicos. Los profesionales de la salud reclaman una recomposición de sus ingresos.
La motosierra de Javier Milei profundizó la crisis que atraviesa el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), la obra social de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados en la Argentina. Los meses de espera para conseguir un turno y la falta de cobertura de medicamentos se suman a los paros del personal médico que reclama una recomposición salarial.
Las personas mayores que se atienden a través de PAMI denunciaron que en los últimos meses hubo una fuerte reducción de las prestaciones, en un contexto marcado tanto por la desfinanciación del Gobierno nacional como por los salarios de las y los trabajadores de la salud, que están por debajo de la inflación interanual. En el sector público, los médicos clínicos aseguran que perciben entre $1.200.000 y $1.800.000, señaló una investigación de la Agencia AUNO.
En abril pasado, más de 2,2 millones de afiliados de PAMI perdieron la cobertura total de algunos fármacos. La medida afectó especialmente a quienes necesitan estos tratamientos de manera regular: se estima que son alrededor de 1,6 millones de jubiladas y jubilados.
Una situación similar debe afrontar con los turnos: si Markewitz necesita ver a su médica de cabecera, debe esperar al menos un mes. En caso de requerir atención de una especialidad, la recepcionista le ofrece una cita recién en tres o cuatro meses.
El impacto de los bajos salarios de los médicos
Esta demora en la atención médica está vinculada con los recortes presupuestarios destinados al seguimiento de pacientes, que registró una caída del 54,4 por ciento durante la primera parte del año. En ese sentido, el médico clínico Eduardo Lion, de Monte Grande, explicó que los profesionales realizan reiterados paros en reclamo de un aumento salarial.
«Nuestro salario que no llega a los 2 millones de pesos y los aumentos que establece el Gobierno están por debajo de la inflación», indicó. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), señaló que fue 1,7 por ciento en agosto de 2026, lo que representa un acumulado interanual del 21,3 por ciento.
En abril, explicó Lion, «el Gobierno decretó un 50 por ciento de recorte de presupuesto, eliminó el pago por consulta y marcaron un nuevo monto por afiliado». De esta manera, el PAMI paga $2.100 por afiliado. Frente a esta situación, los gremios denunciaron una fuerte caída de los salarios, que pasarían de $1.000.000 a $800.000.
Durante la cuarentena por el COVID-19, el gobierno de Alberto Fernández pagaba un «plus» por la atención, una medida que luego fue eliminada por Milei y provocó que el «ingreso de las y los médicos bajó un 40 por ciento», denunció Lion.
El Gobierno anunció el viernes que emitirá bonos de la deuda por $580.000 millones para que el PAMI pueda pagar sus deudas, en virtud de la «crítica situación financiera» del organismo. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, fue instrumentada por el ministerio de Economía mediante una resolución conjunta que lleva la firma del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y su par de Hacienda, Carlos Guberman.
Ese dinero será destinado, señaló la resolución, a «atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo«.
Baja de pestaciones
PAMI, por otro lado, informó en mayo la baja de más de 1.500 prestadores de distintos niveles de todo el país luego de detectar «diversas irregularidades» en las auditorías realizadas en la obra social.
Entre las «anomalías» figuran «cobros indebidos a afiliados, prestaciones que nunca fueron realizadas y establecimientos que no cumplían con las condiciones edilicias de higiene y seguridad» exigidas para brindar servicios de salud. En ese sentido, el Gobierno aseguró que hizo presentaciones en la Justicia.
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, anunció que seguirán las auditorías para controlar «prestaciones médicas, recetas, órdenes y circuitos de facturación», ya que el objetivo es «prevenir prácticas que afecten la calidad del servicio y el uso de los recursos destinados a los afiliados».
La obra social reafirmó que «auditar no es perseguir», sino «cuidar los recursos de los afiliados», y aseguró que actuará «frente a cada irregularidad detectada» para sostener las prestaciones y los tratamientos de los afiliados al sistema.
Esta decisión provocó una reacción en los gremios de profesionales de la salud, que denunciaron una persecución. «La situación no da para más, las jubiladas y los jubilados están sin prestaciones y los trabajadores sin salarios», sostuvo Rodolfo Aguiar, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).(VW)
Producción elaborado por estudiantes de Sociales para la materia Periodismos Gráfico
