El gobierno y los gremios frente a la marcha contra la Ley de Tierras
Quienes no avalan el proyecto, se manifestarán en su contra frente al Congreso para que la normativa no sea aprobada, son la CGT, las dos CTA, el sindicalismo de izquierda, organizaciones sociales y políticas además de colectivos feministas, estudiantiles y ambientalistas. El oficialismo hará monitoreos de la manifestación con las cuatro fuerzas federales presentes.
El debate en el senado por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ya fue confirmado para este jueves 6 de agosto. Gremios, movimientos sociales y organizaciones políticas, se preparan para una jornada de movilización en rechazo rotundo al proyecto. El Congreso estará vallado y monitoreado por las fuerzas federales.
El ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva realizará un operativo de seguridad acorde a la manifestación, con el protocolo que suele utilizar para las movilizaciones multitudinarias. En Casa Rosada prevén encuentros en las próximas horas con autoridades de la cartera de Seguridad de la Ciudad para afinar detalles.
En ese marco, la zona del parlamento tendrá la custodia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, las cuatro fuerzas federales. El objetivo de cada una es garantizar la libre circulación y evitar cortes totales de calles y avenidas.
Habrá un refuerzo de vallas alrededor de la Plaza del Congreso y las principales arterias como Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba. No se descartan controles para los manifestantes en pos de garantizar el orden en las calles, una de las grandes prioridades para la administración Javier Milei en este tipo de eventos.
En el oficialismo crece el optimismo de que el proyecto sea aprobado, luego de la conferencia de prensa de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, del martes, en la que citó cambios en el proyecto para conseguir más aliados.
Uno de los cambios más importantes es la eliminación del artículo 10, que establecía un límite máximo para la cantidad de hectáreas que podía comprar un mismo extranjero. El cálculo tenía como referencia las 1.000 hectáreas en la zona núcleo, aunque podía variar según la productividad de cada región. Y con la nueva redacción, ese límite desaparece.
En la práctica, un extranjero podría comprar superficies mucho mayores siempre que no supere el 25 % permitido dentro de una provincia y cumpla con las condiciones que establece la nueva norma.
También se elimina el artículo 9, que impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30 % de las tierras habilitadas para extranjeros.
Eso significa que, aunque continúe el límite general del 25 % por provincia, ya no habrá una restricción específica para evitar que la mayor parte de esas tierras quede en manos de empresas o ciudadanos de un mismo país.
Fuentes de La Libertad Avanza aclararon que “la negociación es minuto a minuto”, y remarcaron que gracias a los cambios de algunos artículos, hay chances “muy concretas” de que el texto tenga el visto bueno.
Rechazo rotundo:
Quienes no avalan el proyecto, y se manifestarán en su contra, son la CGT, las dos CTA, el sindicalismo de izquierda, organizaciones sociales y políticas además de colectivos feministas, estudiantiles y ambientalistas. Todos estos grupos se estuvieron organizando a lo largo de los últimos días para estar presente en el Congreso y generar presión para que la normativa no sea aprobada.
Pese a las modificaciones de última hora de la propuesta legislativa, la calle Azopardo mostrará músculo este jueves. El triunviro Cristian Jerónimo, el lunes, rechazó el argumento oficial que presenta el proyecto como una defensa de la propiedad privada e insistió en que el objetivo es “flexibilizar las normativas vigentes para favorecer la concentración de recursos en pocas manos”.
«Ya hay un antecedente, como el caso de Lago Escondido que tiene el millonario (Joe) Lewis, donde la gente no puede transitar libremente. Nos parece sumamente preocupante porque sabemos los intereses que hay en algunos sectores y en algunos lugares de la Argentina en los cuales, que hay una riqueza impresionante en la tierra. Por eso, hay quienes quieren flexibilizar todas las condiciones para que vengan a avasallar y quedarse por muy poco con la Argentina«, señaló en declaraciones radiales. (Cabe mencionar que el citado Lewis adquirió las tierras en la Patagonia en 1996, durante el mandato de Carlos Menem).
Paralelamente, la CTA-T rechazó el «remate» de tierras nacionales que implica la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtió que al buscar eliminar o elevar los límites vigentes, un tope del 15% a nivel nacional y departamental, y un máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo por titular extranjero), permite que el territorio sea adquirido «sin regulaciones reales por grandes corporaciones transnacionales».
La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también dará el presente. De hecho, con las CTA y la CGT, ofrecerá una conferencia de prensa para explicar por qué la ley es regresiva para el interés nacional. (VW)
