Aumenta la presión por la Ley de Tierras
La Ley de Tierras se votará el próximo 6 de agosto en el recinto de la Cámara alta del Congreso. Varios senadores nacionales de la UCR se oponen mientras otros mantienen su indecisión.
A menos de una semana de la sesión prevista en el Senado de la Nación, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical inició una ronda de conversaciones con sus diez integrantes del bloque en la Cámara alta para pedirles que voten en contra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida como Ley de Tierras, impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca cerrar números para blindar la media sanción.
El Comité Nacional de la UCR trabaja para convencer a los senadores de su partido para que voten en contra de la reforma a la ley que fija límites a la venta de tierras en manos de extranjeros.
Por su parte, en La Libertad Avanza admiten que la sesión del próximo jueves será compleja. Aunque el proyecto fue modificado en reiteradas oportunidades para sumar apoyos, la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, aún no logra tener asegurados los 37 votos necesarios para la media sanción.
La ofensiva radical es encabezada por el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, quien mantuvo reuniones individuales con los senadores del bloque presidido por Eduardo Vischi para transmitir la postura partidaria. Sin embargo, desde el radicalismo aclararon que la posición corresponde exclusivamente a la conducción nacional del partido y que, por el momento, no representa una postura unificada de toda la bancada, donde aún conviven distintas posiciones.
Según trascendió, los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama ya manifestaron públicamente que rechazarán la Ley de Tierras el próximo 6 de agosto.
En ese marco, desde el Comité Nacional destacaron que “Es una propuesta que busca eliminar limitaciones razonables, comprometiendo la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”, escribió la conducción nacional del radicalismo en un comunicado titulado “La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra“.
En el documento, la conducción radical sostuvo que la postura de rechazar la Ley de Tierras es coherente con sus banderas históricas y afirmó que el Estado debe promover “la producción, la innovación y la inversión sin comprometer los recursos estratégicos del país”. Es que, desde la UCR recordaron que fue el mismo partido el que promovió en 2011 la primera discusión que estableció un máximo de 15% de tierras rurales para manos extranjeras y un máximo de 30% para una misma nacionalidad.
Al mismo tiempo, la Ley de Tierras que actualmente rige en la Argentina y que el gobierno de Milei pretende reemplazar por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, limita la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo titular extranjero en la zona núcleo y prohíbe la compra de inmuebles rurales que limiten o contengan lagos, ríos o se ubiquen en zonas fronterizas.
En ese sentido, la UCR nacional cuestionó que la iniciativa oficial traslade a las provincias la facultad de establecer sus propios criterios para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, y advirtió que el proyecto que se tratará en el Senado el próximo jueves también modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina las restricciones sobre el uso del suelo durante los plazos establecidos tras los incendios.
“Para la UCR defender la soberanía es hacer cumplir la ley vigente, porque hoy en Argentina hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalente al 5% del país, y ya existen más de 30 zonas que ya pasaron el límite permitido del 15%. Todos los países que buscan promover el desarrollo tienen una protección responsable de sus recursos estratégicos. Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria, Nueva Zelanda, entre otros, regulan la compra de tierras por extranjeros”, expresaron desde el radicalismo.
En última instancia, la conducción de la UCR nacional remarcó que el partido centenario “defiende la inversión productiva”, y sostiene que el rol del Estado tanto nacional como provincial debe ser “promover incentivos para los productores locales y sancionar leyes con regulaciones razonables”. “Tenemos que cuidar nuestras tierras y nuestros recursos”, concluyeron. (VW)
