Las universidades retomaron las clases pero se perfilan nuevos paros
Si bien este miércoles arrancaron las clases tras cinco días de paro, se complica el desarrollo del semestre por un nuevo paro para la próxima semana.
Conadu y la Conadu Histórica, las dos federaciones mayoritarias a nivel nacional, realizarán una nueva protesta entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, lo que conformará otros cinco días sin clases debido al jueves y viernes de Semana Santa.
De esta manera, los docentes y no docentes universitarios que continúan con su reclamo por la pérdida de poder adquisitivo, tendrán otra semana sin actividad luego de retomar las clases este miércoles.
A la vez, a esa medida, se suma la marcha federal universitaria -con fecha tentativa para el 23 de abril- que buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público
En paralelo, hay otros cinco días de paro prevista para la semana que comienza el lunes 27 de abril, aunque habrá que ver cómo llega la relación de los gremios con el Gobierno para esa fecha.
La protesta, que se sustenta en una pérdida en torno al 40% del poder adquisitivo de los docentes desde que asumió Javier Milei, afecta a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).
En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) viene llevando adelante un paro por tiempo indeterminado que impacta en el normal funcionamiento de varias facultades.
Por otra parte, los auxiliares enrolados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales realizarán una huelga de 24 horas el próximo 31 de marzo. La medida se repetirá el 8, 17 y 23 de abril, según el esquema votado.
Estas iniciativas impactarán no sólo en las facultades sino en los colegios dependientes de las universidades, ya que son los trabajadores no docentes los encargados de abrir las instituciones cada día.
El conflicto que crece
El conflicto universitario se intensificó en las últimas semanas por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la ausencia de paritarias y el deterioro salarial acumulado desde 2023. Esto impacta sobre más de 2.000.000 de estudiantes de universidades públicas en todo el país.
Esa norma -la ley 27.795- establece la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de becas estudiantiles y partidas específicas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y técnica. También prevé convocatorias periódicas a paritarias con mecanismos de actualización automática. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su impacto fiscal equivale al 0,23% del PBI.
Sin embargo, su implementación quedó trabada. El Gobierno la suspendió en el mismo decreto con el que la promulgó, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una cautelar y en diciembre la Justicia ordenó su aplicación “inmediata”. El Ejecutivo apeló esa decisión e intentó apartar al juez que interviene en la causa, aunque la Cámara rechazó ese planteo días atrás. (VW)
