Las jubilaciones y la crisis de la que pocos hablan: ¿Dónde están los derechos?
Editorial. Dos informes recientes muestran la realidad crítica de los salarios jubilatorios, en un entorno en el que cada cual lucha por sus intereses y pocos, muy pocos ven y hablan de un segmento de la sociedad que APORTÓ durante más de 30 años para sostener a los pasivos del momento. Se trata de un relevamiento de la Defensoría del Pueblo que reveló que una persona mayor de 75 años que vive sola necesita $746.271 por mes. A la vez, un informe del CEPA denotó una pérdida del 27,4% tras el cambio de fórmula del Gobierno de Milei. Mientras tanto, los altos funcionarios gubernamentales obtuvieron aumentos en sus sueldos, aunque se desconoce aún cuál fue el porcentual.
Los sueldos jubilatorios sufren las desventajas de las políticas de turno que, a través de los tiempos, se desestiman con mano firme. Se contemplan en general las jubilaciones mínimas con un bono ridículo congelado que no logra saldar el costo de un servicio. Pero también, poco y nada se contempla a un grupo que cumplió y aportó más de 30 años y hoy se equipara con las percepciones más bajas, en casos por superar una diferencia de 10 mil pesos, pero se los considera como de “mayores ingresos”, se les quitan beneficios y a la vez cobran en la última semana de cada mes. Aquí dos informes recientes que denotan la desidia continuada en pos de la licuación de las jubilaciones.
El primer informe es de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que publicó los últimos resultados de las Canastas de Consumo para Personas Adultas Mayores y el Índice de Precios de Medicamentos (IPM), dos herramientas elaboradas por el Monitor de Derechos del organismo que permiten medir con mayor precisión el costo de vida y la evolución de los precios que enfrentan las personas mayores en la Ciudad.
En un contexto económico donde los haberes jubilatorios suelen ubicarse por debajo del costo real de los consumos esenciales, la Defensoría desarrolló indicadores propios que actualizan las metodologías vigentes, incorporan criterios específicos para este grupo etario y buscan transparentar información clave para el diseño de políticas públicas. (Informe publicado el 29 de diciembre por la Defensoría: https://defensoria.org.ar/noticias/ultimo-indice-de-precios-de-medicamentos-y-canasta-de-consumo-para-adultos-as-mayores/).
Una pareja de personas adultas mayores necesitó, en noviembre, $1.359.675 para cubrir los gastos del mes.
La Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores calcula cuánto necesita una persona mayor —según edad, sexo, tipo de hogar y condición habitacional— para cubrir gastos de alimentación, vivienda y servicios, medicamentos, bienes personales, equipamiento del hogar y esparcimiento. Una persona mayor de 75 años que vive sola necesita $746.271 por mes.
El presupuesto de la Canasta para 2 adultos mayores se integra de:
Alimentos: $499.166.
Servicios del hogar: $449.600 (Luz, gas, expensas).
Salud: $149.75.
Bienes Personales: $204.583.
Necesitan $45.323 por día para cubrir sus gastos.
En tanto, el Índice de Precios de Medicamentos (IPM) releva y estima mensualmente la evolución del precio de una canasta de medicamentos seleccionados por su uso frecuente, con el objetivo de monitorear su accesibilidad económica y contribuir al análisis público sobre el costo de productos esenciales para la salud.
En noviembre, los medicamentos registraron un aumento promedio del 1,9%, según el nuevo Índice de Precios de Medicamentos elaborado por la institución.
Con una suba promedio del 3,5%, los que más se incrementaron fueron los analgésicos, seguidos de los psicofármacos, con el 2,8%.
La producción de estos indicadores se enmarca en el trabajo de la Defensoría del Pueblo para monitorear el estado de los derechos en la Ciudad, generar evidencia pública confiable y contribuir al diseño de políticas que garanticen condiciones de vida dignas para las personas mayores. Se trata de una línea estratégica de la institución orientada a fortalecer la protección de derechos, mejorar la transparencia y acompañar con datos rigurosos el debate público.
A la vez, el informe del CEPA advierte una pérdida del 27,4% tras el cambio de fórmula del Gobierno de Milei
El informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostiene que la modificación impulsada por el gobierno de Javier Milei provocó una fuerte caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y profundizó el impacto sobre quienes cobran la mínima.
Los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida del 27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización aplicado desde diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei, según reveló el estudio privado del CEPA: https://centrocepa.com.ar/informes/734-movilidad-previsional-actualizaciones-jubilatorias-con-el-dnu-274-2024-de-milei-vs-formula-anterior-ley-27-609-de-2021-datos-a-enero-2026
La modificación se implementó a través del DNU 274/2024, que reemplazó la fórmula establecida por la Ley 27.609 —basada en la recaudación y la evolución de los salarios— por un esquema de actualización exclusivamente atado a la inflación.
De acuerdo con el informe, esta medida fue clave para que la administración libertaria alcanzara el superávit fiscal, aunque a costa de una fuerte licuación de los ingresos previsionales.
Según el relevamiento tras los aumentos por inflación de diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886. Sin embargo, de haberse mantenido la fórmula anterior, el haber mínimo ascendería a $434.279, lo que implica una diferencia mensual de $93.393 para los jubilados.
El documento sostiene que la fórmula derogada “hubiera sido superadora en el tiempo” y que fue eliminada “en el preciso momento en que podía generar mejoras reales”.
El impacto es aún mayor para quienes perciben la jubilación mínima con bono, debido al congelamiento del refuerzo en $70.000 desde marzo de 2024.
CEPA señala que mientras los haberes aumentaron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la mínima con bono incluido solo creció un 101%. Para mantener su poder adquisitivo, el bono debería haber alcanzado los $177.485, lo que representa un recorte mensual de más de $107.000.
El informe también advierte que las jubilaciones con bono se ubican 16,8% por debajo de los niveles del último trimestre del gobierno anterior y que el inicio de la actual gestión implicó una caída inmediata del poder de compra del 26,3% en las jubilaciones sin bono.
A esto se suman los vetos presidenciales a leyes que buscaban recomponer ingresos y la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025, lo que deja fuera del sistema a miles de adultos mayores.
Finalmente, el CEPA alerta que sin la moratoria, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad jubilatoria no pueden acceder a una jubilación por falta de aportes y deben recurrir a la PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo y exige una edad mayor para las mujeres, profundizando la pérdida de ingresos en el sector más vulnerable. (VW)
