El Gobierno dio inicio a la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina
El Gobierno nacional publicó el decreto 695/2025, que da el primer paso hacia la privatización de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina. Se estableció la venta de parte de sus acciones a inversores privados, y se abre un nuevo frente de conflicto con la oposición en el marco del plan de reforma del Estado.
El Gobierno nacional avanzó esta semana con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal a cargo de la generación de energía nuclear.
A través de la publicación del Decreto 695/2025 en el Boletín Oficial, la administración libertaria estableció la venta de parte de sus acciones a inversores privados y la implementación de un Programa de Propiedad Participada para trabajadores, aunque aún garantiza que el Estado conserve la mayoría accionaria.
El esquema definido implica que se licitará públicamente el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina en el mercado nacional e internacional y se reservará un 5% para los trabajadores, mientras que el Estado nacional y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) retendrán el 51% del capital social.
Como parte del mismo proceso, se resolvió que Energía Argentina S.A. (ENARSA) transfiera al Estado el 1% que posee en Nucleoeléctrica Argentina, mientras que la propia empresa deberá ceder el 0,01% de su participación en ENARSA.
Es preciso mencionar que, la empresa que actualmente depende en un 79% del Estado, un 20% de la CNEA y un 1% de ENARSA, fue señalada por el Ejecutivo como un caso donde “la intervención estatal no garantizó eficiencia económica”.
De esta manera, el Gobierno nacional justificó que la apertura al capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, entre ellos la extensión de vida útil de la central Atucha I prevista para 2027 y la finalización del sistema de almacenamiento en seco de elementos combustibles de Atucha II.
En paralelo, la administración Javier Milei subrayó que el ingreso de capitales privados es parte de la estrategia de reducción del déficit fiscal y de diversificación de riesgos, ya que durante 2023 la compañía debió recibir transferencias por 700 millones de pesos para sostener inversiones. De esa manera, el decreto detalla que el proceso será conducido por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en el marco de la Ley 23.696 de reforma del Estado.
Es preciso mencionar que, la medida llega en un contexto de récord histórico en la producción nuclear. Es que, en 2024 Nucleoeléctrica Argentina generó 10,4 millones de MWh, con un factor de carga del 73,3%, capacidad técnica y operativa que fue reconocida por el propio decreto, aunque insistió en que para sostener ese nivel y encarar proyectos de envergadura resulta “imprescindible” la incorporación de socios privados.
El decreto también prevé que la Secretaría de Trabajo realice los estudios necesarios para poner en marcha el Programa de Propiedad Participada, que permitirá a los trabajadores acceder a un 5% del capital accionario. Asimismo, estipula que el Ejecutivo debe enviar un informe completo a la Comisión Bicameral del Congreso, en cumplimiento de los pasos que exige la legislación vigente.
Desde la oposición parlamentaria, varios bloques anticiparon que se opondrán a la medida y que impulsarán el rechazo a la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina. Es que, legisladores de distintas bancadas advirtieron que se trata de un área estratégica vinculada a la soberanía energética y que el Congreso tendrá un rol central en el control del proceso.
Con esta decisión, la Casa Rosada abre un nuevo frente de conflicto con la oposición en el marco de su plan de reforma del Estado y de incorporación de capitales privados en empresas públicas, mientras que la licitación internacional marcará el próximo paso de un proceso que promete tener un fuerte debate político en el Parlamento y entre los sindicatos del sector nuclear.
Las empresas que el Gobierno buscó que corran la misma suerte que Nucleoeléctrica Argentina
A lo largo de sus casi dos años de gobierno, Javier Milei avanzó con distintos intentos de privatización de empresas estatales, varios de los cuales tuvieron respaldo parlamentario o se ejecutaron mediante decretos.
Entre las firmas incluidas en la lista oficial estuvieron Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Trenes Argentinos y Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), todas catalogadas como “pasibles de privatización total o parcial” en la Ley de Bases.
En el caso de Aerolíneas Argentinas, la iniciativa se orientó a “abrir el capital de la empresa al sector privado”, aunque con un esquema que preservaría la operación de rutas de interés social, mientras que el Correo Argentino fue incluido en un proceso que habilita la concesión de sus servicios bajo el argumento de reducir costos y modernizar el sistema postal.
Trenes Argentinos también fue alcanzada por la política de desestatización, ya que el Gobierno impulsó la posibilidad de concesionar recorridos ferroviarios a empresas privadas, una medida que cosechó resistencia sindical y parlamentaria. En tanto, AySA se mantuvo en la órbita de privatizables, aunque aún no se concretó un esquema definitivo de venta o concesión.
El paquete de privatizaciones, que incluyó también a medios de comunicación públicos, se convirtió en uno de los capítulos más controvertidos de la agenda de Milei en el Congreso, ya que sectores opositores advirtieron que significaba una pérdida de control sobre áreas estratégicas.
Por su parte, la Casa Rosada insistió en que el objetivo era mejorar la eficiencia, reducir el déficit y atraer capitales que permitieran sostener las inversiones necesarias en cada sector, aunque perdió la pulseada en el recinto. (VW)
