Diputados debatirá este martes un límite al uso de DNU por parte del Gobierno
La oposición impulsa un proyecto que busca restringir el uso de decretos de necesidad y urgencia. El oficialismo teme perder una de sus principales herramientas de gobierno. Con la ley propuesta por el Senado bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular un decreto.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados pondrá este martes bajo tratamiento la media sanción del Senado de la ley que limita la capacidad de Javier Milei de gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Se trata de un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y la oposición. El debate fue habilitado tras el emplazamiento aprobado en la última sesión y la intención opositora es avanzar con una sesión especial el próximo 1 de octubre.
Además de la discusión sobre los DNU, se tratarán temas como los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto sobre los ATN y la derogación de decretos vinculados a identidad de género y al estatuto de la Policía Federal.
La aceleración de la oposición respecto de este tema puso en guardia al Gobierno, que asiduamente recurre a los DNU para ejecutar políticas en lugar de enviar proyectos de ley al Congreso, como todos sus antecesores.
El instituto especial de DNU fue diseñado en la reforma constitucional de 1994 con la intención de que los gobiernos de turno pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias que no pueden esperar los tiempos institucionales del Congreso.
El problema es que todos los gobiernos, algunos más y otros menos, han hecho un uso discrecional y excesivo, usando esta herramienta cuando no existían razones de emergencia que lo ameritasen.
En el 2006, a instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner, se aprobó una ley que blindó los DNU presidenciales y dejó a la oposición de turno prácticamente sin capacidad para derogar los decretos.
Dicha ley establece que con la aprobación de una sola cámara de Congreso el decreto queda en pie y quedan vigentes sus efectos jurídicos. A la inversa, se necesita del rechazo de ambas cámaras para poder voltear decretos, algo que se logró en muy contadas ocasiones.
Con el Gobierno de Javier Milei esto empezó a ocurrir un poco más, pero realmente es muy difícil para cualquier oposición juntar mayorías en ambas cámaras del Congreso para tumbar decretos.
En el último tiempo sucedió con el DNU sobre fondos reservados de la SIDE, el decreto delegado que eliminaba Vialidad, el que reestructuraba y reducía el INTA y el INTI, la reestructuración del Banco Nacional de Datos Genéticos, de organismos de Cultura y el DNU que modificó el régimen de la Marina Mercante.
Con la ley propuesta por el Senado bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular el decreto.
Pero además todo DNU tiene 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para lograr su convalidación en el Congreso, caso contrario pierde su validez y efecto jurídico.
Por otra parte, acota a 48 horas hábiles el plazo para que una cámara legislativa le comunique a la otra su pronunciamiento sobre la validez o invalidez de los DNU en cuestión.
A su vez, la iniciativa dispone que “rechazado un DNU o de delegación legislativa el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario”.
La idea de la oposición es llevar este tema a una sesión especial, a priori el 1 de octubre, en el marco de un temario que también incluiría los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto sobre ATN, y la derogación de los decretos sobre identidad de género y el estatuto de la Policía Federal. (VW)
