La Justicia notificó a la Cámara Nacional Electoral de la inhabilitación de Cristina Fernández
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a la pena de seis años de prisión, e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Las repercusiones.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme ayer la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, al rechazar por unanimidad los recursos presentados por la defensa de la ex mandataria en la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.
La Cámara Nacional Electoral quedó notificada de la vigencia de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que rige sobre Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios.
El presidente del Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Gorini, envió un oficio a la Cámara para comunicar lo dispuesto en el veredicto que se emitió al terminar el juicio oral el 6 de diciembre de 2022 y que ahora confirmó la Corte, informaron fuentes judiciales.
“Este tribunal dispuso -en lo que aquí interesa- la imposición de la pena contra Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, condenada a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”, se informó a la Cámara.
En el caso de la ex presidenta es “considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Además, quedaron inhabilitados el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el de Obras Públicas José López y los de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 exhortó a la exmandataria y a los otros 8 condenados a presentarse en Comodoro Py dentro de los próximos 5 días hábiles “con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones, plazo prudencial en atención a que algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas”, según consta en el documento.
Fuentes del entorno de la exmandataria habían asegurado previamente que habían pedido la detención domiciliaria.
En ese sentido, la resolución le requiere al Ministerio de Seguridad que en las próximas 24 horas procure asignar “una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas”.
A la vez, hay otra condena, que es económica. Tras el fallo de la Corte, la ex presidenta y los otros condenados deberán devolver $ 85.000 millones.
En ese sentido, se determinó que el dinero que se habría sustraído de las arcas públicas como resultado de la maniobra fraudulenta asciende a $ 84.835.227.378,04.
La Corte con su decisión de rechazar con fundamentos los recursos de queja, no sólo dejó firme los delitos atribuidos a los nueve imputados, sino también los decomisos ordenados por el TOF 2.
Repercusiones, en contra y a favor:
El presidente Javier Milei utilizó las redes sociales para expresar su postura en torno a la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, y negó el “pacto de impunidad”.
El jefe de Estado, que se encuentra en Israel, posteó en X “Justicia. Fin.”, una vez difundido el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la condena a la titular del PJ y la inhabilita a ejercer cargos públicos de por vida.
También negó el pacto de impunidad, versión que corrió cuando se cayó el proyecto de Ficha Limpia. “PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”, sostuvo.
“No a la proscripción”, el reclamo de los gremios:
Tanto las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) como la CGT rechazaron la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.
El movimiento obrero rápidamente, al igual que algunos dirigentes peronistas y opositores, salieron a repudiar la “proscripción” de la ex presidenta Cristinas Fernández de Kirchner.
“En un momento clave para la democracia argentina, la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores expresamos nuestro más enérgico repudio al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ratifica una condena arbitraria contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este fallo no responde a criterios de justicia, sino a una estrategia de persecución política con el claro objetivo de proscribirla”, aseguran.
Y señala: “Durante años hemos sido testigos del accionar de un entramado judicial y mediático que no busca esclarecer la verdad, sino disciplinar y eliminar políticamente a quienes defienden y trabajan por un proyecto para todo el campo popular”.
“La denominada “Causa Vialidad” representa un nuevo capítulo del lawfare en Argentina: un proceso judicial plagado de irregularidades, armado de causas infundadas y sostenido por una cobertura mediática orientada a estigmatizar y condenar sin pruebas”, agrega el texto.
Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realiza este miércoles un paro en defensa de la democracia y contra la proscripción de Cristina Fernández.
El anuncio llegó segundo después de la difusión del fallo, que deja firme la condena a la titular del PJ, que además de los seis años de prisión la inhabilita para ejercer cargos públicos.
“La FATUN resolvió un PARO NACIONAL DE 24 HS. SIN CONCURRENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO, en defensa de la Democracia y contra la proscripción de Cristina porque cuando la Patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla”, señaló el gremio.
Rectores y vicerrectores de universidades públicas emitieron un comunicado en el que advierte: “Asistimos a un golpe al corazón del sistema republicano”. “Argentina es un país menos justo”, señalaron tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Dan cuenta de una “una doble vara en virtud de la cual se acelera e interviene cuando se trata de juzgar a los dirigentes de un partido y se demora o no se aplica el mismo criterio cuando se trata del resto de las fuerzas políticas”.
“La negación a considerar un recurso en el cual se analice o se profundice un caso de estas características, que le asisten por otra parte a todo ciudadano, no es otra cosa que la violación flagrante de las garantías constitucionales”, indicaron. (VW)
